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Año VIII
Noviembre 2025
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Un estudio desanda los estigmas en torno a los jóvenes “ni-ni” y la cultura del trabajo
Un investigador confeccionó un informe que analiza el acceso al trabajo, al estudio y demás indicadores de la población de 18 a 24 años en los últimos quince años.
Hacia fines de los años noventa y principios del nuevo milenio, una extraña palabra comenzó a filtrarse en los medios de comunicación para referirse a los jóvenes. La abreviatura “ni-ni” fue una forma de bautizar a esa supuesta nueva generación, de entre 15 y 24 años, y algunos extendiéndose hasta los 29, que “ni trabaja, ni estudia”. ¿De dónde venía ese término? ¿Qué escondía ese apodo? “La dinámica de las sociedades desiguales llevó a generar distintas figuras de alteridad radical y chivos expiatorios, que fueron funcionales en distintos momentos para legitimar dinámicas socialmente regresivas y la destrucción de derechos colectivos conquistados. Y esa dinámica comprendió desde la ´madre soltera´ en el inicio de la década de 1980 en EEUU o Gran Bretaña hasta al beneficiario de planes sociales en las últimas décadas en nuestro país”, señala Gonzalo Assusa, sociólogo por la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) e investigador del CONICET enfocado en el estudio de la cultura del trabajo de jóvenes de sectores populares de Córdoba. Assusa acaba de publicar un informe sobre la desigualdad social entre jóvenes durante los últimos quince años en Argentina desde una perspectiva de derechos.
Tal como se explica en dicho informe, que surgió en el marco de un convenio entre el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y el Instituto de Humanidades (IDH, CONICET-UNC), “los medios de comunicación dan por sentado que los jóvenes nini son protagonistas de disturbios, conflictos, delitos y los peores hechos de violencia. Este discurso encuentra en su doble exclusión un problema, no de derechos vulnerados (el acceso a la educación y al trabajo), sino de inactividad, de tiempo de ocio y de fallas morales”.
El objetivo explícito del informe, entonces, fue correrse de “las miradas dominantes sobre la juventud en el país que han concentrado sus esfuerzos en afirmar aquello que los jóvenes no hacen, aquello que les falta, pero han obviado aquello que sí hacen y que resulta vital para comprender sus condiciones de vida. Aunque la corrección política mande a hablar de la juventud en términos de ´futuro estratégico´, el concepto que realmente orienta las intervenciones sobre los jóvenes en nuestra sociedad está asentado en la mirada de la juventud como ´problema´ y como ´peligro´ del tiempo presente”.
De hecho, “pasar el tiempo sin hacer nada” es una de las categorías que surge del diagnóstico que Assusa realizó de lo que se considera peligroso en referencia a esta generación joven. Según explica en el trabajo, “se sabe poco sobre lo que estos jóvenes sí hacen y experimentan en su vida”, por ejemplo: que el 35% busca activamente trabajo y no lo encuentra; que el 56% son mujeres y que, entre los que no buscan trabajo, más de la mitad se encargan de las tareas de hogar; que más del 21% está viviendo en pareja; que cerca del 65% no tiene ningún tipo de cobertura médica; que el 78% pertenece a los dos quintiles más bajos de ingresos. “Así, un mal enfoque que desemboca en un mal diagnóstico, olvida que el principal problema de los jóvenes no es el de ´no estar haciendo nada´, sino que estos jóvenes y muchos otros ven vulnerados sus derechos económicos, laborales, educativos y a la salud”.
Resultados
Las preguntas que guiaron el informe fueron, entre otras: ¿se puede seguir pensándolos como meramente inactivos y doblemente negados? ¿Se puede resolver sus problemas con políticas orientadas a la “inducción” al trabajo y al estudio, con intervenciones centradas en lo motivacional y la formulación de proyectos de vida? La metodología que utilizó Assusa para responder estos interrogantes fue estratificar a los jóvenes según las condiciones económicas, y dividirlos también comparando a los jóvenes con los adultos. El análisis se basó en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC correspondientes a los primeros trimestres de 2004, 2009, 2014 y 2019.
Según consignó en el informe, en materia de educación, a diferencia de otras áreas, lo que se observa es una tendencia a reducir las desigualdades y a mejorar la cobertura general en todo el proceso (de 2004 a 2019). “En la actualidad hay más proporción de jóvenes en las escuelas, más proporción de jóvenes recibiéndose, y menos brecha de desigualdad entre los jóvenes de familias con más y menos ingresos económicos. En 2004, de cada diez jóvenes de 19 a 24 años entre los de menores ingresos cuatro poseía título secundario, y entre los de más ingresos, casi ocho lo poseían. En 2019, de cada diez jóvenes de 19 a 24 años, más de cinco con ingresos bajos poseen título secundario y entre los de más ingresos, más de ocho lo poseen”.
En cuanto al empleo, el informe muestra que los jóvenes están tres veces más expuestos al desempleo que los adultos, una brecha no se achica entre años. “El desempleo juvenil desciende entre 2004 y 2014 (diez puntos porcentuales menos), pero vuelve a aumentar entre 2014 y 2019 (siete puntos porcentuales más). En puntos porcentuales, este crecimiento es el doble entre los jóvenes más pobres, que entre los jóvenes de mayores ingresos. Desde una perspectiva de la coyuntura, se observa que los jóvenes de menores ingresos necesitan buscar empleo en los períodos de crisis. mientras que los jóvenes de mayores ingresos cuentan con los recursos familiares para esperar, formarse, y encontrar mejores condiciones de inserción laboral en el futuro”, se explica.Alrededor de los ingresos económicos, en el informe se observa que entre 2004 y 2014 la distribución del ingreso entre jóvenes mejoró, pero que entre 2014 y 2019 la distancia volvió a crecer, y con ella, la desigualdad económica.
En materia de salud, “la población joven sin cobertura médica ha disminuido trece puntos porcentuales en estos quince años. Sin embargo, las brechas de acceso se han duplicado. Entre 2014 y 2019 disminuye la proporción de jóvenes de menores ingresos con cobertura médica (de 38% a 35%) al mismo tiempo que aumenta la cobertura entre jóvenes de mayores ingresos (de 87% a 93%). Aun en período de crisis (y cuando todos los demás pierden) los jóvenes mejor posicionados en la sociedad argentina pueden incrementar su acceso a derechos y condiciones de vida digna”, se señala.
Por último, en cuanto a la inserción laboral, se consigna que “la informalidad laboral juvenil disminuyó quince puntos porcentuales en los últimos quince años. Constituye uno de los mayores avances en materia de derechos en nuestra época. Sin embargo, mientras que esto significa un avance permanente y sostenido para los jóvenes integrantes de familias con más ingresos. entre los jóvenes integrantes de familias con menores ingresos ha significado avances mucho más modestos entre 2004 y 2014 (de 66% a 60%), y retrocesos en la última etapa (de 60% a 67%)”.
En las conclusiones del informe, Assusa plantea: “¿Qué cambia si dejamos de usar conceptos culpabilizantes como el de jóvenes nini? Si adoptamos una perspectiva de derechos, observamos otro panorama de sociedad. Considerando los jóvenes que ven vulnerado su derecho a la educación, el acceso al empleo, derechos laborales y derecho a la salud (es decir, que no se encuentren escolarizados en la edad obligatoria, que se encuentren desempleados, que estén insertos en un empleo informal y/o carezcan de cobertura médica), encontramos que en 2014 un 49% de los jóvenes de 15 a 18 años veía vulnerados al menos uno de esos derechos, mientras que en 2019 un 87% sufre esa vulneración (en 2004 la cifra era de 56%). En el caso de los jóvenes de 19 a 24 años la distancia es menor pero también hay un crecimiento entre 2014 y 2019: 53% en 2014 y 56% en 2019”.
Además, subraya que “los jóvenes más pobres son empujados por la crisis económica a una temprana inserción laboral (a raíz de la necesidad de aportar ingresos al limitado presupuesto económico familiar) y, muchas veces, a una exclusión de la vida escolar. No solo presentan problemas para compatibilizar la vida escolar con sus necesidades económicas, sino que la búsqueda de empleo se da en las peores condiciones posibles (en períodos de contracción de la demanda y recesión económica)”.
Jóvenes en pandemia
“Creo que hay que intervenir en los debates políticos que adquirieron cada vez más fuerza en el siglo XXI referidos a la desigualdad, la pobreza, las políticas sociales y el desempleo: la idea de que ´los pobres son pobres porque no quieren trabajar´ y porque ´no tienen cultura del trabajo´. Intervenir sobre esos prejuicios desde las ciencias sociales es relevante en el marco de una sociedad que se pretenda progresivamente justa en términos sociales y democrática en todos los ámbitos de la vida social”, indica Assusa sobre la elaboración de este informe.
Si bien en el país existe una larga tradición de estudios sociológicos críticos del mercado de trabajo y su dinámica, Assusa repara en dos grandes miradas o diagnósticos que prevalecen en torno a los jóvenes: “Hay una perspectiva que se centra en las carencias y la responsabilidad individual del problema, y otra que analiza la dinámica relacional y estructural del problema. El informe que presenté está orientado a recuperar y aportar en esta última mirada, que es la que menos espacio ha tenido en los últimos años con la reemergencia de lógicas de gubernamentalidad neoliberal”, aclara.
“La juventud ha sido objeto de preocupación y mirada pública en distintos puntos del siglo XX, pero el cruce entre una mirada punitivista-securitaria que define a los jóvenes de sectores populares como potenciales delincuentes hasta que se demuestre lo contrario, y la mirada moralista que define al tiempo de no-trabajo y no-estudio como un espacio propicio para el vicio y las desviaciones, ha logrado crear un pánico moral y un demonio popular potente en el modo en el que la sociedad procesa sus identidades y sus relatos”, agrega Assusa.
Para el investigador, la pandemia del coronavirus vino a activar dos situaciones críticas que ya ocurrían: “Primero, desempleados y trabajadores precarios han visto empeorar su situación de privación de derechos, sea por la imposibilidad de salir a buscar trabajo o por la interrupción de sus ingresos corrientes. Si bien el Estado ha desarrollado una amplia red de contención (fundamentalmente basada en la estructura y la experiencia ya asentada de transferencias de ingresos), el carácter vulnerable e inestable de la condición de estos jóvenes, pertenecientes en su gran mayoría a las familias con menos recursos económicos de nuestra estructura social, quedó absolutamente expuesta en esta nueva situación”.
Además, Assusa repara en la relación de los jóvenes con la tecnología, mediada por sus condiciones familiares, contractuales y educativas. “Se ha mostrado que la intervención del Estado en la dinámica de la conectividad y el acceso a tecnología no es optativa o marginal, sino que es vital para la construcción de una sociedad democrática. Las acciones que se están desarrollando en la actualidad tienden a confirmar esta centralidad, no sin sufrir resistencias conservadoras a la ampliación de derechos”, concluye.
Fuente: CONICET
